El juicio a #lamanada está resultando paradigmático. El conocimiento de los hechos despertó indignación y, a continuación, interés por todo lo relacionado. Esto fue respondido por los medios de comunicación con un importante volumen de noticias y artículos de opinión, antes, mientras y después del juicio. Información y opinión que ha generado respuesta en la calle y en las instituciones.

Aparte de ser el típico caso “mediático”, por si fuera poco, toca una cuestión muy sensible: la violencia contra la mujer. En un momento muy concreto: tras el primer paro general de las mujeres en España. Y se ha liado gorda. Hemos llegado a un punto crítico del que surgen preguntas: ¿tiene retorno? ¿qué hay detrás del enfrentamiento entre la calle y el poder judicial? ¿a quién corresponde resolverlo?

Antes que nada, dos cuestiones clave: el sistema que nos hemos otorgado establece que el delito cometido, si existe, lo dictamina un tribunal. Y, paralelamente, también es verdad que la gente tiene opinión. Y derecho a manifestarla. Dicho esto, vamos a la casilla de salida.

Posiciones de partida

En el ámbito jurídico, el delito es el que determina el fallo, abuso sexual. Los recursos planteados podrían llevar a que se confirmara o corrigiera la sentencia. En el segundo caso podría entenderse que, en lugar de abuso sexual, se tratara de agresión sexual (más grave y con una pena asociada mayor). O, también, se podría absolver a los acusados. Todo cabe, porque de no ser así, no tendría sentido revisarlo porque no habría garantías jurídicas.

Ahora bien, en la calle, es una violación como la copa de un pino. La manada es el sistema, la justicia es patriarcal, etc.

Cierre de filas y enfrentamiento

La incomprensión lleva a la gente a la calle. Más de un millón de firmas solicita la inhabilitación de los magistrados. Se multiplican los artículos de opinión, incluso las informaciones sesgadas (las noticias que valoran la información, no objetivas) cuestionando la sentencia. La indignación general presiona a la clase política, que toma partido (e, incluso, en algunos casos, va más allá). Se suceden los acontecimientos: el Gobierno anuncia la revisión del Código Penal… por una comisión integrada por 20 hombres y cero mujeres. Los ánimos están muy caldeados.

Mientras, los profesionales del ámbito jurídico esgrimen los códigos y denominan a la reacción popular juicio paralelo y linchamiento público. Las asociaciones de jueces y fiscales se manifiestan para apoyar a los magistrados y solicitan la dimisión del Ministro de Justicia. El poder judicial siente cuestionada su autoridad e, incluso, la separación de poderes. Cierran filas.

¿Cómo hemos llegado aquí?

Las posturas se alejan cada vez más, ¿quién tiene razón? En mi opinión, nadie y, a la vez, todas las partes. Me explico: el enfoque del que parto está en nuestras cabezas: en las palabras. No son algo tangible sino más bien “lo que se entiende” al escucharlas o leerlas. Al pensarlas y usarlas. Ni la gente se ha vuelto loca ni los juristas han perdido la perspectiva. Lo que está ocurriendo es esto:

Pasa con todo

El caso que nos ocupa tiene un alto componente emocional y un trasfondo que actúan como gasolina, pero no voy a entrar en eso porque la cuestión es la interpretación. Y esto mismo ocurre constantemente. Por ejemplo: “Estaba tomando un café y cuando he ido a pagar, ¡me habían robado la cartera!”

Jurídicamente no me han robado. Me han hurtado la cartera. En mi cabeza el hurto está asociado con llevarme el lápiz de Ikea. Y no, no es lo mismo. Me han hecho polvo: no solo me han quitado mi dinero, también mi documentación. Me llevará mucho tiempo y quebraderos de cabeza solucionar una situación que no he creado yo… ¿y le llaman hurto? Un poquito de por favor.

Y en cualquier ámbito

– Doctor, tengo cistitis.
– Eso, si fuera verdad, me correspondería decidirlo a mí.

¿Qué pasa en la cabeza del médico?

Espera que su paciente le narre sus síntomas. Por ejemplo: “me entran ganas urgentes de ir a orinar, pero cuando voy siento quemazón y solo me sale una gotita de sangre”. Conocida esta información, el siguiente paso del protocolo médico será solicitar un análisis de orina (con antibiograma, si procede). Y una vez confirmada la presencia de gérmenes en cantidad suficiente y en función del resto de síntomas (febrícula o fiebre, localización del dolor, etc.), determinar la tipología de infección de orina: podría ser cistitis, pero también nefritis, pielonefritis… y, en función de la bacteria y de su sensibilidad a los antibióticos, establecer el tratamiento y su duración.

El doctor o doctora se siente agredido por “la ocurrencia” del paciente, que no solo no tiene ni idea de medicina, sino que está cuestionando la ciencia y práctica médica. Salvo que el paciente desvele que es médico, la consulta no va a transcurrir adecuada ni satisfactoriamente.

¿Qué pasa en la cabeza de su paciente (de no ser médico)?

No es la primera vez que le ocurre y, por tanto, ya tiene nombre para lo que le pasa. No quiere ofender a nadie y no cuestiona el saber ni la práctica médica, por eso está en la consulta. Pero tiene prisa: quiere que el médico proceda lo antes posible a pedir el análisis y así poder iniciar cuanto antes el tratamiento y acabar con la tortura. Lo que faltaba, me esfuerzo por simplificar el proceso… ¡qué fácil es para el médico tomárselo con calma y perder el tiempo en indignarse!

Volvamos a #lamanada

Quince minutos después de emitirse la sentencia ya se estaban convocando manifestaciones de protesta a través de las redes sociales. Todo el mundo, a todos los niveles, juzga.

¿Qué pasa en la cabeza de los jueces?

La gente se ha vuelto loca. Exigen violación y violación es lo que se ha dictaminado (tipificado como abuso sexual). ¡No han leído la sentencia y la están cuestionando! Las normas están para cumplirlas y las garantías de la justicia deben aplicar a todas las personas. De no ser así, no existirían garantías cuando para ellos las reclamaran. Se está poniendo en tela de juicio la independencia judicial e, incluso (dadas las voces que se alzan y las malas artes que se usan), la separación de poderes.

¿Qué pasa en la cabeza de la calle?

¿Cómo que abuso? No es que hayan abusado de ella. No es que se hayan propasado, ¡la han violado! Entre cinco, trataron a una joven de 18 años como si fuera una muñeca hinchable, vejándola de todas las formas posibles, tal y como habían planeado hacer, como lo demuestran las conversaciones en uasap (no tenidas en cuenta como prueba y, por tanto, no juzgadas), la grabaron sin su consentimiento, compartieron los vídeos (muy explícitos) para regocijo del grupo y se marcharon dejándola sola y sin teléfono en una ciudad extraña… ¿Cómo no ver ahí una agresión sexual? Eso no es un abuso, es una violación como la copa de un pino. Y más grave, imposible.

¿Cómo lo arreglamos?

Hasta aquí mi análisis de la situación. Si estamos de acuerdo en que estas realidades paralelas existen en las cabezas y que el enfrentamiento surge de la incomprensión entre individuos (en función del frente en que se encuadren), también lo estaremos en que hay muchas maneras de arreglarlo y posibilitar el diálogo. Por ejemplo, esta opción, en tres pasos:

1. Te encuentres en la posición que te encuentres, negar la razón a la otra parte nos aleja de la solución. Así que el primer paso es dejar las vísceras a un lado, abandonar la descalificación y abrir nuestra mente: lo que tienes enfrente son personas como tú, ni menos ni más. Y su razón existe, te merezca la opinión que te merezca.
2. Fuera prejuicios: ni la gente es tonta ni los jueces viven al margen de la realidad. No comparten los mismos contextos. Por lo demás, tienen todo en común, empezando por la capacidad intelectual y el interés por la justicia.
3. Empatizar. No vemos lo mismo, pero estamos mirando lo mismo. Ambas miradas son parciales. Por eso, mirar desde otro ángulo solo puede proporcionarnos más información y acercarnos a la solución. Hay que recorrer la distancia entre las partes, que habrá crecido a medida que se hayan cerrado en banda.

Actualmente estamos inmersos en un problema social que puede tener graves consecuencias. Así que a todos nos interesa que se resuelva satisfactoriamente. Desde cualquier punto se puede contribuir a la solución o soluciones. Me refiero a que todos y todas tenemos una responsabilidad que asumir, empezando por abrir la mente, los ojos, los oídos y, también, por supuesto, la boca. A partir de ahí, que fluya la comunicación y el intercambio de ideas, la discusión.

Mi humilde aportación

A título personal, como individuo implicado en la crisis, es decir, parte del problema y de la solución, lanzo un par de recomendaciones concretas al sector jurídico para contribuir a desbloquear la situación:

1. Utilizar el diccionario cuando redacten las leyes , para evitar en lo posible la incomprensión y, peor aún,  “false friends”. Si una misma palabra tiene significados distintos en lo social, lo civil y/o lo penal, no está bien elegida. Nuestra lengua es riquísima y contiene términos para transmitir múltiples matices… ¿sería muy descabellado proponer que la redacción de los textos jurídicos correspondiera a redactores profesionales? Me refiero a un papel similar al del programador para desarrollar una aplicación informática, como experto en la herramienta.
2. Gestionar la comunicación: asumir que existe esa distancia y que tiene más sentido que sea el colectivo judicial el que se esfuerce por comprender, explicar (traducir) y escuchar. En España hay una cantera excepcional de licenciados y graduados en Ciencias de la Información y Comunicación deseando aportar su potencial… por comentar.

Nota: la imagen principal y el vídeo que acompaña este artículo corresponden a una de las primeras manifestaciones de apoyo a la víctima, celebrada en Valencia en noviembre de 2017.